Según los datos publicados por “The Economist Intelligence Unit”, en el “Índice de Democracia 2020” que tuvo como enfoque principal el impacto de la pandemia del Coronavirus en la democracia y libertad en todo el mundo, Uruguay es uno de los 23 países clasificados como “Democracias plenas”. Pero, ¿quiénes son las corporaciones u organismos que deciden qué países gozan de una verdadera democracia o qué grado de libertad poseen sus ciudadanos? ¿Qué datos matemáticos toman para medir la calidad de un régimen de gobierno, y qué inspiraciones ideológicas tienen dichas entidades? La libertad es demasiado intrínseca, humana y subjetiva como para crear estadísticas.
Según Robert B. Talisse en <<Democracy. Whats it Good for?>> “la democracia es un sistema de gobierno en el que el poder soberano reside en el pueblo, y aspira a que una sociedad de iguales se gobierne a sí misma y logre establecer un orden social relativamente justo sin dictadores ni mandatarios autocráticos”
Si nos basamos solo en el principio de participación directa del pueblo, es decir, desde la concepción electoral podemos coincidir que nuestro país es plenamente democrático. Por ejemplo, en el pasado referéndum sobre la LUC la ciudadanía se pronunció de manera autónoma. Ahora, si nos basamos en libertad de expresión a través de un manifiesto público que pueda poner en riesgo y distorsionar el pensamiento único que ha de imponer la tendencia ideológica global, Uruguay se está prestando a ser cómplice de una mundocracia o globalcracia, revelando así un totalitarismo furtivo, censurando y/o sancionando a su propio pueblo.
Libertad de reunión y asociación
El pedido que hace la fiscalía uruguaya de condenar con pena de cárcel a personas que se manifestaron en contra de las vacunas anticovid es un claro ejemplo de abuso de poder y de injusticia. Este tipo de situaciones nos demuestra que estamos atravesando una especie de metamorfosis social en la cual el gobierno se está prestando a un desenfrenado poder de servilismo ideológico que no solo emplea el método del miedo sino también el de amordazamiento colectivo.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos afirma lo siguiente: ‘’Toda persona tiene el derecho de reunirse pacíficamente con otras, en manifestación pública o en asamblea transitoria, en relación con sus intereses comunes de cualquier índole”. Por lo tanto, cuando un poder político es capaz de limitar, sea cual fuere la circunstancia, derechos consagrados por la Constitución como lo es el de reunión y asociación, y por ende de expresión, estamos ante un atentado contra el individuo social y político.
Bien exponía Aristóteles “el hombre es un ser social por naturaleza”, nace con la particularidad social que va desarrollando a lo largo de su vida y depende de dicha condición para sobrevivir. Es por ello que el ser humano tiene la mera necesidad de existir dentro de una sociedad o una comunidad en la cual obtiene un sentido de pertenencia, de identidad. Cualquier sociólogo medianamente cuerdo sin ningún tipo de sesgo político podrá afirmar que cualquier gobierno que obligue al ciudadano a tomar distancia social (con sanciones de cárcel en caso de desobedecer) está irrumpiendo en un terreno que se fusiona entre lo que representa una especie de Terrorismo de Estado y un renovado Ostracismo social dictatorial.
Vale repasar el concepto de Terrorismo de Estado: “Cuando el Estado a través de sus gobernantes reprime a la población, la hostiga, la persigue, de modo sistemático, para poder llegar a dominarla a través del temor, evitando cualquier acto de resistencia a la opresión, esa manera de actuar recibe el nombre de terrorismo de Estado…”.
Si nos detenemos a observar lo que sucede tanto en nuestro país como en el escenario internacional, sobre todo en los momentos de crisis como es una pandemia, advertimos que hay un grave problema jurídico mundial para proteger los derechos civiles y políticos que amenazan al régimen democrático, y que el gobierno dará la excusa de estar actuando por el bien común para aumentar el poder del Estado. La seguridad personal, la libertad de expresión, de conciencia, el derecho a la información, y el derecho a la privacidad están siendo transgredidos.
Así lo explica notablemente Carissa Véliz en su reciente trabajo de investigación <<Privacidad es Poder>>; “Cuando sobreviene una crisis, los ciudadanos se desorientan, se distraen con aquello que es urgente, se asustan y están más a merced de sus dirigentes. Con demasiada frecuencia, ese termina siendo un cóctel nocivo para la democracia. Se aprovechan de circunstancias extraordinarias para imponer nuevas normalidades que la ciudadanía jamás habría tolerado en tiempos menos excepcionales”.
Es la tiranía de la mayoría la que opera y anula la democracia priorizando la voluntad de la mayoría sobre los derechos de la minoría, creando un estado de confusión muy peligroso y visceral en la sociedad. Se está vulnerando el Estado de derecho a cambio de sostener esa nefasta alianza global que implica lo público y lo privado, de las naciones con las grandes organizaciones. Cabe pensar que ante todo este nuevo caos mundial absolutista y distópico, lo que le urge a la humanidad para desafiar al poder es una gran revolución socio-cultural con el fin de recuperar el control de nuestros derechos y de intentar articular las piezas de una libertad desquebrajada.
“El resultado de predicar doctrinas totalitarias es que lleva a los pueblos libres a confundir lo que es peligroso y lo que no lo es”. Eric Arthur Blair (George Orwell). –
